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LA UNIÓN EUROPEA INVESTIGARÁ LOS CASOS DE EXPEDIENTES CADUCADOS DE VENENOS
Escrito por Julia Gimenez Gomez   
Tuesday, 02 de February de 2016

LA UNIÓN EUROPEA INVESTIGARÁ LOS CASOS DE EXPEDIENTES CADUCADOS DE VENENOS

A la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Albacete, se suma ahora la Unión Europea con su admisión a trámite de la Petición  que realizó la SAO para que se investigaran los expedientes sancionadores por colocación de veneno en el medio natural que se están dejando caducar.

 

 

La SAO ha interpuesto denuncia en el juzgado contra  la Junta de Castilla La Mancha por propiciar la caducidad de los expedientes sancionadores  por uso ilegal de venenos en el medio natural.

A esta Sociedad le consta  la apertura  de al menos 34 expedientes sancionadores en la provincia de Albacete durante los años 2011, 2012 y 2013, de los cuales únicamente 2 expedientes han finalizado con sanción económica evitando de esta manera el cierre del coto de caza. 

Otros expedientes han sido sobreseidos o no han podido continuar su tramitación por diferentes causas, por no encontrarse el veneno o no conocer al autor de los hechos. 

De al menos 12 expedientes con propuesta de resolución, se desconoce su estado actual en la tramitación o estado de ejecución, a pesar de la insistencia de nuestra Sociedad por conocer los hechos.

Todo ello hace  sospechar de una grave falta de diligencia y de poco interés por parte de determinadas instancias de la Junta de Castilla La Mancha  para combatir este grave problema medioambiental.

La SAO reconoce el esfuerzo e interés de los agentes medioambientales y técnicos de los Servicios Periféricos de Albacete en su lucha contra el uso ilegal del veneno; trabajo que se ve frustrado al llegar a ciertos niveles  administrativos en la Consejería de Agricultura en Toledo donde los procedimientos sancionadores se eternizan y llegan a caducar.

A pesar del esfuerzo que supone la lucha contra el uso ilegal del veneno  tanto en personal especializado como en medios materiales y económicos: Agentes medioambientales especializados, unidad canina,  la propia participación y colaboración de la Junta en proyectos europeos como el  LIFE-VENENO, el protocolo tan minucioso que se pone en marcha cuando se advierten indicios de posibles envenenamientos, los resultados sancionadores no acompañan coincidiendo casi siempre con la última fase de la tramitación administrativa. 

Los cebos envenenados son colocados por  desaprensivos,  en lugares estratégicos, utilizando productos como el Aldicard, carbofurano, estricnina, así como raticidas e insecticidas, que son mezclados normalmente en bolas de carne, causando un gravísimo daño al medio natural por lo indiscriminado de sus efectos, provocando la muerte en cadena a la fauna de la zona.

Los primeros en encontrar los venenos son los perros y  zorros  y una vez que éstos mueren,  son depredados por las aves rapaces que mueren igualmente al comer la carne envenenada.

Según los datos de la Consejería de Agricultura las aves que más gravemente se están viendo afectadas son el Milano real,  especie catalogada en peligro de extinción y que solo cuenta con una pareja reproductora en la provincia de Albacete.

El año pasado se localizó un águila imperial envenenada, que gracias a la rápida actuación de los agentes medioambientales, se llevó al Centro de Recuperación de Fauna de Albacete, donde pudo ser curada y devuelta al medio natural.  Otras especies muy vulnerables ante el uso ilegal de venenos son el águila real, el milano negro o el busardo ratonero, dado que son aves que a menudo buscan la carroña para alimentarse.

 
LOS TENDIDOS ELÉCTRICOS, RIESGO PARA LAS AVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Escrito por Julia Gimenez Gomez   
Tuesday, 19 de January de 2016
LOS TENDIDOS ELÉCTRICOS,  RIESGO PARA LAS AVES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.
 
Mal comienzo de año para el águila imperial y en el águila perdicera en la provincia de Toledo. En los últimos días las líneas eléctricas de apoyos rígidos están causando estragos sobre la avifauna amenazada. Tres águilas imperiales y dos águilas perdiceras se han encontrado MUERTAS, electrocutadas en la provincia de Toledo, son las últimas víctimas  de estas infraestructuras cuyos propietarios  no ha corregido para evitar este posible delito contra en el medio ambiente.
Todas las líneas eléctricas que no estén adaptadas a la normativa de protección de la avifauna, situadas en las zonas de protección que estableció el Organismo Autónomo de Espacios Naturales debían estar ya corregidas.
Dichas zonas son las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración de aves incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y las líneas debían estar  corregidas en el año 2015.
La electrocución es la causa de muerte no natural más importante en las aves, sobre todo en las aves de gran tamaño como águilas imperiales, perdiceras, culebreras,  milanos o ratoneros.
Según datos del centro de recuperación de la Fauna Salvaje de Albacete, en nuestra provincia han entrado en este centro más de 200 individuos electrocutados: águilas imperiales, reales, perdiceras, culebreras, milanos real y negro, búhos reales,  lechuzas, halcones , azores, cigüeñas…, aunque sin lugar a dudas han sido muchos más, ya que  no todas las aves son recogida y llevadas a este centro.
Las grandes  empresas eléctricas y otros propietarios de líneas eléctricas catalogadas como peligrosas para la avifauna, están obligados a su a corrección, pero a principio de 2016 son numerosas la líneas que están sin adaptar a la normativa de protección de la avifauna.
Y seguirá aumentado el  número de aves en peligro que  MUEREN ELECTROCUTADAS, a pesar de la cantidad de recurso económicos y humanos invertidos en la conservación de estas especies, mientras estas líneas electicas, auténticos sumideros de muerte, sigan se corregirse.
La Sociedad Albacetense de Ornitología requiere a la Administración para que exija a las compañías eléctricas cumplir con la obligación de corregir estos tendidos, dado que es la mayor amenaza que pesa sobre nuestras aves.
 
 AGUILA IMPERIAL IBÉRICA
Se trata de una de las especies más emblemáticas de nuestro país. Ave de presa de gran tamaño, pico fuerte y garras robustas. Vive una media de 20 años y su distribución se localiza entre las provincias de Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Madrid y Castilla La Mancha.
Aunque en la actualidad hay más de 250 parejas, su población sigue siendo muy pequeña, por lo que sigue catalogada EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, siendo sus grandes amenazas la electrocución, la colocación de veneno en el medio natural, que emplean en los cotos de caza y la destrucción del hábitat natural.
 
ÁGUILA PERDICERA.
Con una tendencia negativa en sus poblaciones, el águila perdicera se encuentra catalogada EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.
Es residente en la Península Ibérica y sus ejemplares son territoriales, permaneciendo en las zonas de cría todo el año y con la misma pareja.
Su hábitat se localiza preferentemente en cortados rocosos, donde busca oquedades o repisas que forman las rocas.
Las principales amenazas son la electrocución y colisión con tendidos, disparos y venenos, además de las molestias en sus zonas de cría.
 


Julia Giménez Gómez
Sociedad Albacetense de Ornitología
 
Nueva denuncia contra la Junta por negarse a facilitar información ambiental
Escrito por Julia Gimenez Gomez   
Tuesday, 29 de December de 2015

De nuevo nos veremos obligados a denunciar a la Junta por negarse a facilitar información ambiental y a cumplir lo establecido por la Ley de Evaluación Ambiental.

En varias ocasiones hemos instado a la Junta para que nos facilite la información ambiental contenida en los Planes de Ordenación Cinegética y que los Planes que afecten a la Red Natura 2000 sean sometidos al procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Junta continúa negándose a cumplir la legislación y por ello  tendremos que requerir a través de los Juzgados que se restituyan nuestros derechos de acceso a la información y de participación pública como parte interesada que somos.

  Según consulta realizada al Defensor del Pueblo por esta Sociedad

 1.- La Ley 27/2006 tiene por objeto regular los siguientes derechos:

 

a) A acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos que la posean en su nombre.

b) A participar en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas.

c) A instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones imputables a cualquiera de las autoridades públicas que supongan vulneraciones de la normativa medioambiental.

 

2.- Sobre la base de lo anterior y de que los planes técnicos de caza son un instrumento de gestión para asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas compatible con la conservación de la diversidad biológica en un determinado terreno (artículo 91.1 del Reglamento de Caza de Castilla La Mancha), esta institución considera que se trata de información ambiental, tal y como lo define el art. 2.3 de la Ley 27/2006, ya que regula la realización de una actividad (la caza) que afecta y/o puede afectar la diversidad biológica en un territorio y dicha información debe ser accesible según las garantías previstas en el Título II de la Ley 27/2006.

 

3.- En relación con la participación pública, para hacer efectivos el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, todos podrán ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con las autoridades públicas:

 

a)      A participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley.

 

b)      A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos planes, programas y disposiciones de carácter general.

 

c)      A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados planes, programas o  disposiciones de carácter general y a que sean tenidas debidamente en cuenta por la Administración Pública correspondiente.

 

d)      A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se asa la decisión adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.

 

 

e)      A participar de manera efectiva y real, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable, en los procedimientos administrativos tramitados para el otorgamiento de las autorizaciones reguladas en la legislación sobre prevención y control integrado de la contaminación, para la concesión de los títulos  administrativos regulados en la legislación en materia de organismos modificados genéticamente, y para la emisión de las declaraciones de impacto ambiental reguladas en la legislación sobre evaluación de impacto ambiental, así como en los procesos  planificadores previstos en la legislación de aguas y en la legislación sobre evaluación de los efectos de los planes y programas en el medio ambiente.

 

La Ley 27/2006 no regula cómo debe hacerse dicho procedimiento debido a que es un ámbito de competencia compartida con las Comunidades Autónomas. No obstante, establece el deber general de promover la participación real y efectiva del público, ya que la Administración ha de velar por el cumplimiento de una serie de garantías: a) hacer públicamente accesible la información relevante sobre el plan, programa o disposición normativa; b) informar del derecho a participar y de la forma en la que lo pueden hacer; c) reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en las que estén aún abiertas todas las opciones de la decisión que haya de adoptarse; d) justificar la decisión finalmente adoptada y la forma en la que se ha desarrollado el trámite de participación.

 

. A juicio de esta Institución, el alcance de las materias recogidas en la Ley 27/2006 no puede interpretarse restrictivamente si se tiene en cuenta los fines pretendidos, es decir, para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información ambiental, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados.

 

Aún más, debe tenerse en cuenta que el contenido un plan técnico de caza versa sobre cuestiones que claramente son ambientales como, entre otras: 1) Plan de sueltas (deberá justificarse detalladamente desde el punto de vista de su necesidad, así como admisibilidad de su impacto en el medio natural); 2) Cercados cinegéticos (deberán prever las medidas en evitación de riesgos de endogamia en las especies de caza y de desequilibrios o densidades elevadas que causen una presión excesiva de las piezas sobre la vegetación natural, un mayor riesgo de aparición de enfermedades o interacciones negativas con otras especies de fauna amenazada); 3) Aves migratorias (deberá ordenarse su aprovechamiento para que puedan cazarse); 4) Áreas de reserva (zonas que constituyan un hábitat adecuado para las especies cinegéticas); y 5) Adaptación a otros planes (se adecuarán a los aprobados para la ordenación de los recursos naturales, para la gestión de los espacios naturales protegidos o para la conservación de la fauna amenazada, así como , en su caso, a los generales para las especies cinegéticas de interés preferente).

 

De lo anterior se deduce que un plan técnico de caza si está relacionado directamente con el medio ambiente, ya que regula una serie de materias con clara incidencia ambiental, algo que además implícitamente reconoce el Servicio periférico de la Consejería de Agricultura cuando admite que los planes técnicos de caza se someterán a evaluación de sus efectos sobre los recursos naturales antes de ser autorizados (en concreto, según lo recogido en los artículos 25 y 26 de la Ley 4/2007 de Evaluación ambiental de Castilla La Mancha y los preceptos 56 y 58.3 de la Ley autonómica 9/1999 de Conservación de la Naturaleza).

 

Por último, es necesario señalar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (con carácter general el artículo 9.2 de la Constitución y para el ámbito administrativo el artículo 105) garantiza el funcionamiento democrático de las sociedades e introduce mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Por tanto, es preciso que la Consejería de Agricultura promueva una participación real y efectiva del público (en este caso, de la SAO) en la elaboración de los planes técnicos de caza velando por el cumplimiento de las garantías previstas en la Ley 27/2006”.

 

 Así en el último escrito recibido del Defensor del Pueblo y en el que se recoge su decisión final después de recibir respuesta de la Consejería de Agricultura, dice (sic);

….De su contenido se desprende que la Asociación podrá acceder a la información ambiental y a participar en los procedimientos de toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, incluidos los planes técnicos de caza que afecten a la Red Natura 2000, de conformidad con los establecido en la Ley 27/2006”.

 

  

 La Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha,  establece lo siguiente:

Art. 5 Actividades a las que resulta aplicable la Evaluación de Impacto Ambiental.

 

1. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo I deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental en la forma prevista en esta ley, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda.

 

2. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo II, así como cualquier proyecto no incluido en el Anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, sólo deberán someterse a Evaluación del Impacto Ambiental, previamente a su autorización por el órgano sustantivo que corresponda, en la forma prevista en este ley cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III.

3. Para los proyectos recogidos en el Anexo II que no se sometan al procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, el órgano ambiental dictará resolución en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de las consultas TRAS CONSULTAR a las administraciones, PERSONAS e instituciones  afectadas por la realización del proyecto.

 

 

 
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